14 de enero, 2020

"Reducir tarifa de peaje por orden judicial vulnera la seguridad jurídica de contratos de concesión"

MANDATO CARENTE DE FUNDAMENTOS LEGALES SERÁ APELADO

Sobre la medida solicitada por la Procuraduría Ad Hoc que fue aprobada por el Poder Judicial, tenemos que comunicar lo siguiente:

  • Pese a no estar de acuerdo con el alcance y fundamentación de este mandato, el cual consideramos contrario al régimen legal vigente y a la seguridad jurídica, somos respetuosos de las decisiones judiciales, por lo que procederemos a aplicar la reducción tarifaria a S/ 5.20 en todas nuestras plazas de peaje desde mañana 15 de enero a las 00:00.
  • En paralelo, y sin perjuicio de otras acciones legales que podríamos adoptar para preservar nuestros derechos como inversionistas, presentaremos la apelación respectiva, la cual esperamos que sea resuelta por la siguiente instancia conforme a ley, dejando sin efecto la medida solicitada por la Procuraduría Ad Hoc. Asimismo, consideramos que este mandato violenta una orden previa del Tribunal Arbitral, la cual dispuso no afectar el status quo entre las partes. Es de recordar que dicho Tribunal tiene la jurisdicción exclusiva para resolver los temas tarifarios.
  • Es importante destacar que la fórmula de reajuste anual de la tarifa de peaje forma parte del contrato de concesión y, como en el caso de prácticamente todos los contratos de concesiones viales, cualquier controversia sobre el particular debe resolverse a través de un arbitraje internacional. Precisamente la materia sobre la que se sustenta esta insólita medida constituye una controversia con la Municipalidad de Lima, la cual viene discutiéndose en un arbitraje internacional. Las audiencias de este arbitraje se realizaron en setiembre de 2019 y la decisión final del tribunal arbitral debe emitirse en marzo próximo. Al respecto, en el marco de dicho proceso arbitral, los árbitros emitieron una medida cautelar que establece que, mientras no concluya dicho proceso, la tarifa de peaje que LAMSAC debe cobrar es S/ 5.70. Es preocupante que el Estado Peruano desconozca una decisión válidamente emitida en un proceso arbitral, al declarar fundada la solicitud de la Procuraduría Ad Hoc. Desconocer una medida cautelar de un Tribunal Arbitral competente es como desconocer una sentencia de un juez, y genera responsabilidad en el Estado Peruano, la Municipalidad de Lima y aquellos funcionarios que la incumplan.
  • Reiteramos nuestro rechazo a cualquier acto de corrupción. En ese sentido, debemos destacar que LAMSAC no ha sido condenada en ningún proceso judicial por la comisión de delito de corrupción alguno. Por ello, nos llama la atención que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos haya señalado en su comunicación que la medida adoptada tendría que ver con la comisión de supuestos actos de corrupción.
  • Finalmente, expresamos nuestra preocupación por las últimas decisiones del Poder Judicial relacionadas a nuestra concesión. En ese sentido, exhortamos a las autoridades judiciales peruanas a resolver dichos procesos siguiendo los estándares legales previstos en el marco jurídico e institucional que regulan las relaciones entre el Estado y la empresa privada.


MEDIDAS COMO ÉSTA, Y OTRAS RECIENTES, ATENTAN EN CONTRA DE LA INVERSIÓN DE BUENA FE DE UNA EMPRESA PRIVADA QUE LLEGÓ AL PERÚ A FINALES DE 2016, SIN TENER VINCULACIÓN ALGUNA CON EMPRESAS BRASILEÑAS QUE APLICARON MALAS PRÁCTICAS.


VINCI HIGHWAYS, UNA EMPRESA LÍDER MUNDIAL EN CONCESIONES VIALES, COMPRÓ LAMSAC PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS CRÍTICOS DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD EN LIMA, ASÍ COMO PARA CONTRIBUIR A CERRAR LA BRECHA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL PAÍS.